5 jóvenes navarros fueron detenidos y acusados de enaltecimiento del terrorismo. Ahora la Audiencia Nacional dice que no hay pruebas y archiva las acusaciones

Concentración de solidaridad con los jóvenes en Iruñea

La causa abierta en la Audiencia Nacional española contra cinco personas acusadas de haber cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo en el frontón Jito Alai de Iruñea en Septiembre del 2009 ha sido archivada por falta de pruebas. Los hechos se produjeron en el marco de la celebración del Gazte Eguna de Alde Zaharra. Decenas de policías españoles y municipales de Iruñea rodearon el Jito Alai y detuvieron a cinco personas a las que acusaban de haber colocado una pancarta con fotos de presos y presas jóvenes militantes de las gazte asanbladas. Además, más de una decena de menores de edad fueron identificados, colocados contra la pared y registrados. Ahora la propia Audiencia Nacional reconoce que no existen pruebas contra estas personas.

Caza de brujas
Para el Movimiento Pro Amnistía, lo ocurrido en el Jito Alai es un capítulo más de "la caza de brujas iniciada contra los rostros de los prisioneros y prisioneras políticas vascas" y considera que el proceso estaba "totalmente viciado desde el principio". Para apuntalar esta opinión consideran relevante el hecho de que ni siquiera "un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional encuentra pruebas para llevarles a juicio. Denuncia así mismo que la Policía Municipal de Iruñea "se plegó a los intereses del nacionalismo español" participando activamente en esa operación policial. "La mayoría de los medios de comunicación, con especial protagonismo de Diario de Navarra, trataron estas detenciones de una forma sensacionalista sin ni siquiera respetar la presunción de inocencia de los detenidos y menores identificados", añade el MPA.

Acoso al movimiento popular
El Movimiento Pro Amnistía enmarca esta operación dentro de la "estrategia de criminalización de cualquier iniciativa popular contraria a los intereses del sistema y del Estado español", y considera que ante esta situación "los sectores populares deben participar en la construcción de un muro popular que haga frente a estas agresiones."